Inteligencia artificial en el ámbito electoral / Samuel Mejía Taveras.

La utilización de la IA excede el campo del entretenimiento; por ejemplo, el sector bancario. No es ocioso que la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana confirme que el 34% de las Entidades de Intermediación Financieras utilizan IA, asistiendo en el análisis de grandes cantidades de datos, posibilitando la detección de patrones sospechosos de actividad, como las transacciones inusuales o compras que se desvían del patrón habitual de un usuario2. Por demás, puede automatizar tareas repetitivas, lo que según la misma entidad estatal “[...] ha permitido que los empleados se concentren en tareas más complejas y de mayor valor”3 y “[...] minimiza los errores derivados de la intervención manual,
mejorando así el desempeño general, lo que se traduce en un servicio más ágil y preciso para los clientes. Por consiguiente, entre tantas virtudes y retos que trae la IA, solo nos queda decir —con la salvedad de que este texto es una gota dentro del mar de escenarios que se puede plantear sobre la problemática— que los Estados deben estar orientados — como ya se ha previsto en ciertas partes del mundo— a regular y utilizar la IA para mejorar los servicios que le ofrece la ciudadanía y para proteger a la misma del uso indebido de estas. En consecuencia, coincidimos que la IA, utilizada con extrema precaución, es un aliado para el fortalecimiento de la democracia, especialmente donde se tenga que utilizar fuego contra fuego. Sin embargo, así como las vacunas deben estar vinculadas a un férreo mecanismo de control para su utilización, por igual, en el plano informático, estas tecnologías deben ser reguladas por normas, prácticas y órganos del Estado dotados de la capacidad jurídica, técnica, funcionarial y presupuestaria para poder utilizarla y enfrentarlas a la vanguardia de las circunstancias.